La reciente destitución de Harvey Colchado de la jefatura de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) ha generado un torbellino de especulaciones y críticas. La imagen de una torta con la representación de un policía utilizando un ‘torito’ para derribar una puerta, que circuló en redes sociales, parece haber sido el detonante de su salida. Sin embargo, esta acción ha sido interpretada por algunos como una posible represalia de la presidenta Dina Boluarte, relacionada con el allanamiento a su vivienda.
Interferencias Políticas y Allanamientos Controvertidos
En una entrevista reciente, el ex comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Jorge Angulo, reveló que durante su mandato, Víctor Torres, entonces ministro del Interior, le consultó sobre la posibilidad de retirar a Colchado. Angulo, conocido por su firme postura contra la injerencia política en asuntos policiales, se negó a considerar la propuesta, calificándola de no “legal y coherente”.
La Trama Política
La relación laboral entre Víctor Torres y Jorge Angulo duró aproximadamente tres meses, tiempo durante el cual se planteó la cuestión del futuro de Colchado. Angulo sugiere que detrás de la destitución de Colchado podría haber motivaciones políticas, posiblemente relacionadas con investigaciones que afectan intereses de figuras públicas.
Intento de Allanamiento a la Diviac
Apenas un día después de la salida de Colchado, la Inspectoría General de la Policía Nacional intentó realizar un allanamiento en las oficinas de la Diviac bajo la premisa de llevar a cabo “acciones de control administrativo”. El intento fue bloqueado por la jefa del Eficcop, Marita Barreto, quien exigió que se formalizara el procedimiento, dada la naturaleza confidencial de la información contenida en dichas oficinas.
Concluyente
Este conjunto de eventos ha puesto de manifiesto la delicada línea entre la autonomía policial y la influencia política en Perú. Mientras la situación continúa desarrollándose, la comunidad espera respuestas claras y una resolución justa que mantenga la integridad de las instituciones del país.
