El Poder Judicial ha emitido una condena de 28 años y 3 meses de prisión a los empresarios madereros Hugo Soria Flores y José Estrada Huayta, así como a los hermanos Josimar y Segundo Atachi Félix. Esta decisión se tomó tras ser hallados responsables del asesinato de los líderes indígenas Edwin Chota, Leoncio Quintisima, Jorge Ríos y Francisco Pinedo, un caso que ha resonado profundamente en la defensa de los derechos indígenas.
Compensación y Reacción Comunitaria
La Corte Superior de Justicia de Ucayali encontró a los acusados culpables de homicidio calificado, ordenando una compensación civil de 200,000 soles, distribuyendo 50,000 soles a cada familia de las víctimas. La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) ha expresado su satisfacción con la sentencia, considerándola un fin a una “década de impunidad” y un avance significativo en la protección de los defensores indígenas.
Contexto del Caso Saweto
El caso Saweto se originó en septiembre de 2014 en la comunidad nativa Alto Tamaya-Saweto, del pueblo asháninka en Ucayali. Los líderes indígenas fueron asesinados tras enfrentarse a amenazas de madereros ilegales, un acto que destacó los riesgos a los que se enfrentan los defensores del bosque en su lucha contra la tala ilegal y la invasión de sus tierras.
Los líderes fueron emboscados y asesinados con armas de fuego en su camino a una reunión en Brasil, con el objetivo de proteger sus tierras ancestrales de la explotación ilegal. Aidesep ha enfatizado que la sentencia es un paso crucial para el reconocimiento y protección de los derechos de los pueblos indígenas en Perú.
Impacto en la Protección de Derechos Indígenas
La sentencia del caso Saweto es vista como un hito en la lucha contra la impunidad y en la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas. Los ministerios de Cultura y de Justicia y Derechos Humanos han destacado la importancia de esta sentencia en la defensa de los territorios indígenas y la promoción de la justicia.
Este caso se ha convertido en un símbolo de la determinación del sistema judicial peruano para abordar cuestiones críticas relacionadas con los derechos de los pueblos indígenas y la protección del medio ambiente.
