La Contraloría General detectó un perjuicio económico de S/ 63 550 en la Municipalidad distrital de Unión Ashaninka, provincia de La Convención, al adquirir un vehículo compactador que no cumplió con las especificaciones técnicas de capacidad de carga, pintura y soldadura y cuya garantía de fiel cumplimiento no se ejecutó. Cinco funcionarios tienen presunta responsabilidad penal, civil y administrativa.
Según detalla el Informe de Control Específico N° 043-2023-2-0388-SCE, en el 2022 la mencionada entidad elaboró el expediente técnico del proyecto de inversión pública: “Adquisición del camión compactador, camión baranda y otros para la prestación del servicio de recolección y transporte de residuos sólidos en el distrito de Unión Ashaninka”.
Sin embargo, en las especificaciones técnicas del proceso de licitación omitieron el estudio de caracterización de residuos sólidos del distrito de Pichari que determinó que la densidad promedio de los residuos sólidos municipales sueltos en Unión Ashaninka es de 216.64 kg/m3. Para un camión compactador de basura de 15 m3, el peso de basura compactada es de 9 748.8 kg.
Sin embargo, el vehículo que recepcionó la entidad solo puede recolectar, compactar y transportar 6 429 kg de basura y no los 7 500 kg que ofreció el Consorcio EGL Altamira S.A.C. Además, en las especificaciones técnicas se estableció que la procedencia de la caja compactadora sea “nacional” con lo que se limitó el procedimiento de selección y contravino la normativa de contrataciones del Estado.
Sumado a ello, la empresa debió realizar y cumplir con el arenado comercial (técnica industrial de limpieza de superficies basada en la proyección de arena conjuntamente con aire a presión), colocar dos capas de pintura de base anticorrosiva epóxica y finalmente dos capas de pintura de acabado de esmalte sintético de tipo gloss.
No obstante, en la inspección física realizada al camión, se corroboró que no tiene pintado de acabado, solo se visualizó pintura de base. También, se notó la excesiva corrosión y que la pintura base se desprendió al interior de la caja compactadora, lo que disminuye la capacidad estructural de esta.
A pesar de todas las observaciones, los funcionarios de la entidad no ejecutaron la garantía de fiel cumplimiento, por el contrario, otorgaron la conformidad y pago por la adquisición del camión, lo que ocasionó un perjuicio de S/ 63 550.
Los resultados del informe, que comprendió el periodo del 7 de abril al 11 de noviembre del 2022, fueron comunicados al titular de la entidad y el Procurador Público de la Contraloría General de la República para el inicio de las acciones civiles y administrativas en contra de los funcionarios comprendidos en los hechos materia de control.
