La comunidad periodística y organismos internacionales de derechos humanos han expresado su preocupación ante lo que consideran ataques continuos contra el periodista Gustavo Gorriti y su labor en IDL-Reporteros. La Fiscalía Suprema, bajo la dirección del fiscal supremo provisional Alcides Chinchay, ha iniciado una investigación preliminar contra Gorriti, lo que ha generado un intenso debate sobre la libertad de expresión y los derechos de los periodistas en el país.
Un Ataque al Periodismo de Investigación
La medida, que se percibe como un ataque directo al periodismo de investigación, ha generado alarma entre los defensores de la libertad de prensa. La investigación se centra en la solicitud de información del teléfono de Gorriti, con la posibilidad de pedir el levantamiento del secreto de sus comunicaciones, lo que podría violar el derecho fundamental de los periodistas de proteger sus fuente.
Plazos y Procedimientos Controvertidos
Chinchay ha otorgado un plazo de cinco días para que Gorriti proporcione detalles sobre el uso de su número telefónico entre 2016 y 2021, marcando un precedente preocupante en cuanto a la intervención en la labor periodística. Además, la disposición judicial tiene un plazo estipulado de ocho meses para su ejecución e involucra también a figuras claves como Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial Lava Jato, y al fiscal José Domingo Pérez.
Fundamentos de la Investigación
El inicio de estas investigaciones se basa en testimonios proporcionados por Jaime Villanueva, quien mencionó a Gorriti en sus declaraciones durante las investigaciones a la exfiscal de la nación, Patricia Benavides, y en una denuncia presentada por Luis Miguel Caya, militante aprista.
Respuesta de IDL-Reporteros
Las acusaciones contra Gorriti y su equipo se dividen en dos episodios específicos, denominados por la Fiscalía como el ‘Caso Cócteles’ y la cuestionada ‘permanencia de Rafael Vela como coordinador del Equipo Especial Lava Jato’. IDL-Reporteros ha respondido con informes que refutan estas alegaciones, calificando las afirmaciones de Villanueva como falsas o distorsionadas.
Pronunciamiento del Ministerio Público
El Ministerio Público ha emitido un pronunciamiento respecto al caso, indicando que todos los ciudadanos pueden ser investigados bajo la protección constitucional del derecho a la presunción de inocencia, y ha pedido a los investigados a no considerar que las investigaciones tienen “intenciones espurias.”
La situación actual pone de manifiesto la tensión entre la administración de justicia y la protección de los derechos fundamentales de los periodistas, un equilibrio delicado en cualquier democracia. De otro lado, tenemos que exigir coherencia entre las declaraciones del fiscal a la comunidad y el funcional legal que ha adoptado.
No hay coherencia entre lo que dice y hace el fiscal investigador
Los juegos de palabra son eso, “juegos de salón”. Toda investigación fiscal es en función a la persecución del un delito como titular de la acción penal. Entonces, ¿la labor periodística es un delito justiciable penalmente? No, no es un delito. Es el cumplimiento de una función reconocida y protegida por el Art. 4° de la Constitución Política del Estado, por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros tratados supranacionales, salvo que el periodista incurra en el delito de prensa o dicho en otras palabras, en delitos contra el honor.
Siendo esto así, el fiscal está criminalizando la labor periodística, está obrando inconstitucionalmente y por lo tanto, está incurriendo en los presuntos ilícitos penales de abuso de autoridad y prevaricato, accediendo a la presión de Patricia Benavides, del fujimorismo y a una denuncia inviable presentado por un aprista, miembro de ese grupo delincuencial. Las cosas claras y el chocolate espeso, diga lo que diga el señor fiscal que criminaliza la labor periodística de IDL reporteros y el señor Gustavo Gorriti.
Esto no puede considerarse una función autónoma, independiente y discrecional; mucho menos constitucional, está fuera de todo contexto legal, lindante con la ética profesional y el ilícito panal.
