En la audiencia de Tutela de Derechos planteada por la investigada ex fiscal de la nación Patricia Benavides y su abogado defensor, con la finalidad que se deje sin efecto el pedido de que la investigada Benavides hiciera entrega a la Fiscalía Suprema que despacha la Dra. Delia Espinoza, se han producido hechos que demuestran que la defensa de la investigada hace agua por todos lados, pues, no pudieron demostrar que procesalmente, un investigado por presuntos hechos delictuosos no está obligado a entregar un celular, porque supuestamente “se estaría afectando el derecho fundamental a la intimidad personal”.
El sustento gaseoso que hizo la defensa de Patricia Benavides, muy subjetivamente, con una estrategia de defensa equivocada, porque lo que pretende es capciosamente que la fiscalía le adelante objetivos de la investigación que tiene el carácter de reservado, al pedir que le precise la fiscalía suprema que información quiere recabar la fiscalía: llamadas telefónicas, a que personas, conversaciones de texto, Whatsapp, messenger, etc.
La fiscal supremo Delia Espinoza a su turno dijo entre otras cosas que, mediante disposición fiscal, se le requirió a la investigada Patricia Benavides, para que haga la entrega voluntaria de sus celulares, para fines de investigación de las comunicaciones sostenidas con los investigados y otras personas que resulten relevantes para la investigación que viene llevando acabo, precisado que en la disposición fiscal N° uno y que en ese contexto, ni hubo un mandato coercitivo, para que haga entrega voluntaria de sus celulares, pedido que está establecido en el Código Procesal Penal, porque tienen la finalidad de contribuir al esclarecimiento de los hechos investigados.
Precisó categóricamente la fiscal supremo Delia Espinoza, que el pedido es de una entrega voluntaria de los celulares de la investigada, la misma que en ningún momento lo ha efectuado y que la fiscalía no ha emitido apercibimiento alguno para su cumplimiento, ni ha solicitado al Juzgado de Investigación Preparatoria, la autorización para la incautación de los celulares. “¿Entonces de que manera se ha incurrido en vulneración de los derechos fundamentales de la investigada?” se preguntó y se respondió que, no existe tal vulneración, por lo que el pedido de tutela de derechos carece de sustento procesal y legal, por cuyos fundamentos solicitó la fiscal supremo, que se declare infundada la petición de tutela de derechos.
El Procurador Público, encargado de la defensa del Estado, al hacer uso de la palabra, precisó que efectivamente, no existe ninguna vulneración a lo derechos fundamentales de la investigada Patricia Benavides; que no se ha vulnerado de ninguna manera algún derecho de la investigada y precisó que la defensa de la investigada, en su petitorio señala que; se “amenaza” el derecho al debido proceso. Grave error de defensa, porque la tutela de derecho es una figura jurídica que protege y repone los derechos vulnerados y no una presunta amenaza a lo que podría suceder en el futuro.
Como se puede advertir de las versiones recogidas en la audiencia de tutela de derechos; ha quedado demostrado que la defensa “colegiada” de la investigada Patricia Benavides, está más perdida que “cuy en tómbola”. La tinterillada, para querer adentrarse en la estrategia de investigación de la fiscalía suprema, luego de la fundamentación del peticionante, no ha demostrado ninguna afectación al debido proceso o a los derechos fundamentales de la investigada Benavides. Esto nos demuestra que, el abogado de Benavides, no conoce sobre una verdadera estrategia de defensa o supinamente, pretende hacer incurrir en error a la administración de justicia.
Este pedido de tutela de derechos, al igual que los anteriores, el Juez Checkley tendrá que declararla infundada y hacer efectivas las sanciones previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuando las partes hacen uso de recursos temerarios y dilatorios, faltando a la probidad, colaboración con la justicia y respeto a la ética profesional.
