La reacción
El 8 de marzo de 2024, dos senadores de Estados Unidos expresaron su decepción y preocupación por la decisión del Congreso de la República de inhabilitar por 10 años a Inés Tello y Aldo Vásquez, exmiembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), por supuestamente haber infringido la Constitución al permanecer en el cargo más allá del límite de edad de 75 años.
Los senadores Ben Cardin y Tim Kaine, ambos demócratas y miembros del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, emitieron un comunicado conjunto en el que calificaron la medida del Congreso como un “asalto” a la JNJ, un órgano constitucional encargado de nombrar y destituir a los jueces y fiscales del país.
“Estamos profundamente decepcionados y preocupados por el asalto del Congreso peruano a la Junta Nacional de Justicia, que amenaza gravemente la independencia de los procesos judiciales y electorales del país”, señalaron los senadores.
Asimismo, recordaron que la destitución de los miembros de la JNJ es una de las tantas acciones “alarmantes” que ha promovido el Legislativo, entre las que mencionaron la elección “apresurada” de los magistrados del Tribunal Constitucional y las amenazas contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas.
“Estas acciones socavan la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas y ponen en riesgo la estabilidad política y social del Perú”, advirtieron los senadores, quienes pidieron al Congreso que respete el Estado de derecho y la separación de poderes.
La destitución
El 7 de marzo de 2024, el Pleno del Congreso aprobó con 67 votos a favor y 23 en contra la inhabilitación por 10 años de Inés Tello, quien se desempeñaba como presidenta de la JNJ, y de Aldo Vásquez, quien era el vicepresidente del órgano.
La acusación contra ellos se basó en que ambos habrían superado el límite de edad de 75 años para integrar la JNJ, establecido en el artículo 109 de la Ley Orgánica de dicho organismo. Sin embargo, los afectados argumentaron que ese requisito solo se aplica para postular y no para ejercer el cargo, y que su mandato era de cinco años, según el juramento que prestaron ante el Tribunal Constitucional.
La decisión del Congreso fue cuestionada por diversos sectores, como el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la Asociación Civil Transparencia, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, entre otros, que la consideraron una intromisión y una vulneración a la autonomía e independencia de la JNJ.
La polémica surgida
La votación que destituyó a Inés Tello y Aldo Vásquez estuvo marcada por la polémica, pues se dio en medio de una medida cautelar del Tribunal Constitucional que ordenaba suspender el proceso hasta que se resuelva el fondo del asunto. Sin embargo, el Congreso desconoció la resolución y siguió adelante con la votación.
Además, se generó una controversia por el voto del congresista José Luna Galves, quien siendo miembro de la Comisión Permanente, sufragó a favor de la destitución de Tello, logrando así los 67 votos exactos que se necesitaban para aprobar la sanción.
La exmagistrada cuestionó la validez de ese voto, pues según el reglamento del Congreso, los miembros de la Comisión Permanente no pueden votar en el Pleno. Sin embargo, Luna Gálvez invocó a la “hermenéutica parlamentaria” y afirmó que aquellos parlamentarios que no emiten su voto en la Comisión Permanente sí pueden hacerlo en el Pleno del Congreso.
