El Ejército otorgó licencias a personas condenadas por delitos graves
Una de las banderas de la gestión del expresidente Jair Bolsonaro, que gobernó Brasil entre 2019 y 2022, fue la flexibilización de la tenencia y uso de armas. Fueron numerosas las alertas de las consecuencias nocivas que esa relajación normativa podría tener. Los efectos ya empiezan a ver la luz: el Ejército, que en los años de Bolsonaro se encargaba de conceder los permisos para comprar un arma, otorgó más de 5.000 licencias a personas que habían sido condenadas por delitos tan graves como homicidio o narcotráfico. La información consta en un exhaustivo informe secreto del Tribunal de Cuentas de la Unión, revelado en exclusiva por el diario Estadão este lunes.
Según el informe, el Ejército autorizó armas para 5.235 personas que cumplían una condena y para 2.690 personas con orden de arresto y que estaban prófugas de la Justicia. Los delitos más comunes entre los beneficiarios de las licencias eran homicidio, narcotráfico, lesión corporal, conducción bajo efectos del alcohol, robo y amenazas.
El Estatuto del Desarme fue burlado por la falta de control
Cuando Brasil aprobó el Estatuto del Desarme en 2003 se estableció que sólo podrían acceder a las armas personas que no estuvieran condenadas o inmersas en un proceso penal. Aunque Bolsonaro flexibilizó muchos puntos de la normativa, ese requisito se mantuvo. Para el Tribunal de Cuentas, el problema para que se colaran tantos delincuentes es que Brasil no cuenta con un registro unificado de antecedentes penales.
Es decir, bastaba empadronarse en un municipio de otro Estado y pedir desde ese nuevo domicilio la ficha criminal para aparecer totalmente limpio, porque las autoridades estatales no cruzan la información. Así, el Ejército no podía verificar la situación judicial de los solicitantes de las armas.
El mercado de las armas se disparó durante el gobierno de Bolsonaro
En los cuatro años de administración Bolsonaro, la legislación brasileña fue modificada de tal manera que el mercado de las armas y los clubes de tiro vivieron un momento dorado. Si en 2018 había 1,3 millones de armas, cuando el líder ultraderechista dejó la presidencia ya eran más del doble, 2,9 millones, según un recuento de los institutos Igarapé y Sou da Paz. El número de personas con la llamada licencia CAC (que incluye a cazadores, tiradores o coleccionistas) aumentó un 262%
El hecho de que miles de armas acabaran en manos de delincuentes representa apenas la punta del iceberg. La auditoría del tribunal de cuentas detectó muchas otras irregularidades: 94 personas fallecidas constan como compradoras de 16.669 balas, y 21.442 armas de fuego figuran en las listas oficiales a pesar de que pertenecen a brasileños que ya murieron. Ahora no está claro dónde fueron a parar las pistolas, escopetas, entre otras armas, que dejaron.
Los indicios de que el crimen organizado aprovechó estos agujeros para hacer su agosto son altos. Más de 22.000 brasileños registrados como poseedores de un arma de fuego también constan en las listas del Gobierno para personas de baja renta que reciben ayudas sociales. Para los auditores, no cuadra que tantos pobres de repente tuvieran dinero para comprar revólveres o fusiles, y cree que se trata de testaferros.
La falta de fiscalización facilitó el descontrol de las armas
Los problemas se agravaron por la falta de medios para fiscalizar. Durante los años de Bolsonaro, el presupuesto del Ejército para controlar el acceso a las armas de la población cayó un 40%, mientras que el número de armas en manos de particulares se multiplicaba exponencialmente
Según los especialistas, en los últimos años, para los cabecillas del crimen organizado, salía más a cuenta comprar un arma en una tienda que obtenerla a través de los tradicionales circuitos ilegales, evitando, por ejemplo, el costoso contrabando desde Bolivia o Paraguay. Ya hay bastantes pruebas de que así fue.
