Las rejas que obstaculizan el paso de las personas con discapacidad
La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por la omisión de las autoridades municipales de Los Olivos de atender los numerosos pedidos para retirar las rejas que limitan el derecho a la libertad de tránsito en diversas calles de su jurisdicción. Según la institución, esta medida afecta principalmente a las personas con discapacidad física y a los niños y niñas que son transportados en vehículos manuales.
La entidad envió una carta al alcalde de dicha comuna, Luis Felipe Castillo Oliva, exhortándolo a que se proceda a realizar la fiscalización en las calles que unen las avenidas Beta y Alfa, en la urbanización El Trébol, donde las rejas instaladas por los vecinos del lugar se han convertido en una seria limitante.
La jefa de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Lima Norte, Estela Lozano, explicó que estas infraestructuras de metal no cumplen con las características técnicas que señala la ordenanza municipal, que establece que las rejas deben tener una altura máxima de 1.80 metros, una separación mínima de 10 centímetros entre sus barras, una puerta peatonal de 80 centímetros de ancho y una puerta vehicular de 3 metros de ancho, y que deben contar con un sistema de apertura rápida en caso de emergencia.
Lozano indicó que las rejas que ha observado en su recorrido no solo limitan el libre tránsito, sino que también impiden la atención de casos de emergencia a través del ingreso de una unidad de ambulancia o del cuerpo de bomberos. Pero la mayor afectación la enfrentan las personas con discapacidad física, debido a que a las puertas peatonales de las rejas les han agregado una especie de dos asas a los costados, que dificultan el paso de una persona en silla de ruedas o de bebés que son transportados en coches.
La posición del Tribunal Constitucional y la Ley General de las Personas con Discapacidad
La Defensoría del Pueblo recordó que el Tribunal Constitucional (TC) ha establecido que la instalación de rejas como medida de seguridad vecinal no es, per se, inconstitucional, si se compatibiliza o encuentra un marco de coexistencia entre la libertad de tránsito como derecho y la seguridad ciudadana como bien jurídico. Sin embargo, sería inconstitucional si la reja instalada limita derechos de forma irrazonable o desproporcional, como se advierte en el caso denunciado.
Asimismo, la entidad resaltó que la Ley N.º 29963, Ley General de las Personas con Discapacidad, reconoce a este sector poblacional el derecho a vivir de forma independiente en la comunidad, en igualdad de condiciones que los demás, y obliga a las autoridades municipales a promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento de las normas de accesibilidad en las edificaciones de su jurisdicción. También contempla la facultad de sancionar su incumplimiento. En los casos que nos convoca hay un claro incumplimiento de obligaciones.
La solicitud de la Defensoría del Pueblo al alcalde de Los Olivos
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo solicitó al alcalde de Los Olivos que adopte las medidas necesarias para garantizar el derecho a la libertad de tránsito de las personas con discapacidad y de los niños y niñas que son transportados en vehículos manuales, así como de toda la ciudadanía que transita por las calles de su jurisdicción.
La entidad le pidió que ordene el retiro de las rejas que no cumplan con las características técnicas establecidas por la ordenanza municipal, que realice una campaña de sensibilización dirigida a los vecinos sobre la importancia de respetar el derecho a la libertad de tránsito y la normativa de accesibilidad, y que implemente un sistema de vigilancia y control para evitar la instalación de nuevas rejas que vulneren este derecho.
La Defensoría del Pueblo señaló que seguirá monitoreando el cumplimiento de estas acciones y que espera que el alcalde de Los Olivos atienda su pedido a la brevedad posible, en beneficio de las personas con discapacidad y de toda la población que vive o transita por su distrito.
