La Junta Nacional de Justicia (JNJ) es un organismo constitucional autónomo que se encarga de nombrar, ratificar y destituir a los jueces, fiscales y jefes de la ONPE y el RENIEC. Recientemente, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso aprobó un informe final que recomienda la destitución e inhabilitación por 10 años de los siete miembros de la JNJ, por supuestamente haber violado el límite de edad para ejercer el cargo.
La denuncia constitucional fue presentada por el congresista Jorge Montoya (Renovación Popular) contra los magistrados de la JNJ, alegando que Luz Tello de Ñecco, una de las integrantes de la junta, tenía más de 75 años cuando fue elegida, lo que contraviene la Constitución. El informe final fue elaborado por el congresista Esdras Medina (Unidad y Diálogo Parlamentario) y aprobado por la SAC con 14 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones.
La JNJ, mediante un comunicado, rechazó el informe de la SAC y lo calificó de viciado, parcializado y carente de motivación. La junta señaló que el informe es parte de una escalada de un sector del Congreso que busca afectar su autonomía e impedir el cumplimiento de sus funciones constitucionales.
Lo que se debe tener presente es que, el informe final de la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales, es producto de las coordinaciones sostenidas por la ex-fiscal de la nación Patricia Benavides con Martha Moyano de fuerza popular y la con propia Keiko Sofía Fujimori Igushi, procesada como cabecilla de una organización criminal con fachada de partido político, de acuerdo con las versiones proporcionadas por el ex-asesor de Patricia Benavides, Jaime Villanueva.
Siendo esto así, es el resultado de actos delincuencias como tráfico de influencias, abuso de autoridad, entre otros, donde estarían comprometidos congresistas de diferentes bancadas, conforme a la misma versión testimonial; por lo tanto, este informe también es un acto delictivo por ser la continuidad de las maniobras delincuenciales desde el interior del Ministerio Público y con la complicidad de quienes ahora han aprobado el informe final.
La junta también recordó que había recusado al congresista Medina por haber adelantado opinión sobre el caso, ya que había votado y presentado mociones a favor de la remoción de los miembros de la JNJ por la misma causa en la que actuó como delegado. La junta argumentó que esto viola el principio de imparcialidad que establece la Convención Americana de Derechos Humanos.
Asimismo, la junta sostuvo que el informe no responde a ninguno de los argumentos fácticos y jurídicos que presentó en su defensa, vulnerando su derecho a la debida motivación. La junta afirmó que seguirá defendiendo su autonomía y su rol constitucional, y que confía en que en las siguientes instancias del proceso prevalezca el derecho y la justicia.
