La decisión de la Corte Suprema de renovar los vehículos institucionales en que se trasladan sus ministros y el fiscal judicial ha generado una fuerte controversia entre el máximo tribunal y el gobierno, así como el rechazo de la ciudadanía. El pleno de la Corte Suprema aprobó el 2 de febrero la adquisición de 22 autos de la marca Lexus, modelo ES300h, por un monto que supera los $1.200 millones, tras un proceso de evaluación realizado por la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ).
La noticia, revelada por el diario La Tercera, provocó una ola de críticas en las redes sociales, donde se cuestionó el alto costo y la necesidad de los vehículos, que reemplazarán a los Toyota Camry que fueron comprados en 2014. Ante la polémica, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, convocó a un pleno extraordinario el 13 de febrero, donde se volvió a discutir la compra.
En la reunión, que duró cerca de una hora, hubo un ambiente tenso y se escucharon las voces disidentes de los ministros que se habían opuesto a la propuesta de la CAPJ, como el propio Blanco y la ministra Andrea Muñoz. Sin embargo, la mayoría de los magistrados ratificó la decisión y emitió un breve comunicado en el que aclaró que el acuerdo fue adoptado luego de un procedimiento de evaluación y que el proceso no ha culminado, por lo que aún no se han ejecutado los recursos fiscales.
El comunicado, sin embargo, generó un choque de versiones con el gobierno, que negó haber asignado recursos para la compra de los vehículos. La Dirección de Presupuestos, dependiente del Ministerio de Hacienda, declaró que la Ley de Presupuestos 2024 no incluye recursos para la adquisición ni renovación de vehículos para el Poder Judicial y que tampoco se ha realizado ninguna modificación presupuestaria al respecto.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, también se refirió al tema y afirmó que el Poder Judicial es autónomo en la ejecución de su presupuesto y que la compra de los autos fue una decisión propia de ellos. Además, lanzó una ironía al decir que él tiene un vehículo del 2015 con 260 mil kilómetros recorridos y que todavía funciona bien.
El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, también se pronunció sobre la polémica y dijo que no se referiría a decisiones que toman otros poderes del Estado, pero que tendrían que explicar los criterios que los llevaron a tomar una decisión de esa naturaleza.
La compra de los autos de lujo para los ministros de la Corte Suprema ha generado indignación y consternación en la opinión pública, que ha cuestionado el uso de los recursos fiscales y la falta de austeridad y transparencia del máximo tribunal. Algunos sectores han pedido que se revise y se revierta la decisión, mientras que otros han solicitado que se investigue si hubo algún tipo de irregularidad o influencia en el proceso .
