El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria, alertó este lunes que en el país existe un fenómeno de terrorismo urbano, debido a la acción de organizaciones criminales que extorsionan y asesinan a la población. Desde Arequipa, donde participó en una reunión de emergencia del Comité Regional de Seguridad Ciudadana, Zanabria dijo que se trata de una problemática que amenaza a todo el país y que genera zozobra y temor en los ciudadanos.
Zanabria señaló que es necesario un trabajo conjunto de todos los sectores para enfrentar la criminalidad, que se origina por la informalidad, la ilegalidad, la impunidad, la indiferencia y la corrupción. Asimismo, anunció que se realizarán 240 cambios en la institución policial, para mejorar la eficiencia y la transparencia de la gestión. Sin embargo, cuestionó que algunos efectivos presenten medidas cautelares para evitar ser trasladados al interior del país.
Bien, pero el Gral. PNP Víctor Zanabria, no ha sido específico en señalar quienes integrarían el “terrorismo urbano”. Sabemos que en Arequipa y en todos las Regiones del Perú, existen los delincuentes comunes, extorsionadores, que exigen cupos a grandes y pequeños empresarios. En realidad, esta modalidad delictiva data de muchos años atrás, cuando organizaciones criminales integrados presuntamente por trabajadores de construcción civil, exigían cupos a las empresas constructoras ganadoras de licitaciones. Han habido muchos crímenes por parte de estos delincuentes.
La delincuencia común organizada y la cobranza de cupos, aumentó considerablemente en los últimos años, con la presencia de delincuentes venezolanos (hay que decirlo con toda claridad) llegados a nuestro país, sin que exista un control efectivo policial de los ilegales, es decir de quienes ingresaron a nuestra patria, sin pasaportes debidamente registrados en migraciones y la consecuente deportación de los ilegales; muchos de ellos indocumentados y con antecedentes policiales, penales y judiciales.
Ahora bien, si el Comandante PNP Víctor Zanabria se refiere a estos grupos del crimen organizado, será una forma de decirlo. La delincuencia común y el terrorismo están claramente tipificados en nuestro Código Penal. La ciudadanía en su conjunto, siente preocupación cuando se utiliza este término en forma genérica, pues, de acuerdo con el paquete de medidas urgentes dictadas por el Ejecutivo, se ha señalado peligrosamente la denominación de “terrorismo urbano” a las movilizaciones de la población, pacíficas y sin portar armas, como un derecho fundamental establecido en la Constitución del Estado Peruano y en los tratados supranacionales sobre derechos humanos, defendido por la Organización de las Naciones Unidas.
Por su parte, el ministro del Interior, Víctor Torres, quien asumió el cargo en noviembre del 2023, tras el cese de Jorge Angulo, enfrenta dos mociones de interpelación en el Congreso de la República, por su supuesta falta de liderazgo en la lucha contra la inseguridad ciudadana. La primera moción fue presentada por la congresista Kira Alcarraz, de Podemos Perú, y cuenta con 19 firmas de parlamentarios de diversas bancadas. La segunda moción fue impulsada por el legislador Elvis Vergara, de Acción Popular, y tiene el respaldo de 20 congresistas.
Ambas mociones contienen un pliego de preguntas que buscan que el ministro Torres explique las razones del retiro de Angulo, las presuntas injerencias en los procesos de ascensos, pases al retiro y cambios de colocación de oficiales, las acciones ejecutadas ante la ola de criminalidad y el control fronterizo. Torres ha manifestado su disposición a acudir al Parlamento para absolver las interrogantes y defender su gestión.
Con estas, se suman cuatro mociones de interpelación contra ministros del gabinete presidido por Alberto Otárola. Además del Interior, los titulares de Justicia, Cultura y Economía también son cuestionados por el Legislativo.
