Entre los días jueves 1 y el viernes 2 de febrero de 2024, se registró una intoxicación masiva de 170 trabajadores de la empresa Agrícola Cerro Prieto S.A. (ACP), ubicada en la provincia de Chepén, región La Libertad. Los afectados habrían inhalado químicos e insecticidas que se usaron para fumigar los campos de arándanos, según reportó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional y Salud (COER) .
Ante este hecho, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) envió un equipo inspectivo para verificar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo de la empresa, que pertenece al rubro de la agroexportación. Asimismo, el Ministerio Público inició una investigación contra Cerro Prieto y los que resulten responsables por los delitos de atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y exposición o abandono peligrosos .
La intoxicación de los trabajadores agrícolas ha generado indignación y protestas en diversos sectores, que cuestionan el régimen laboral que rige para este sector, así como los beneficios tributarios y sociales que reciben las empresas agroexportadoras. Estas empresas se acogen a la Ley N° 31110, Ley del régimen laboral agrario y de incentivos para el sector agrario y riego, agroexportador y agroindustrial, que fue aprobada por el Congreso en diciembre de 2020, sin mayor debate, y que reemplazó a la derogada Ley N° 27360, Ley que aprueba las normas de promoción del sector agrario .
La Ley N° 31110 establece que los trabajadores agrícolas tienen derecho a una remuneración mínima diaria de 39.19 soles, equivalente al 70% de la remuneración mínima vital mensual, que es de 930 soles. Además, tienen derecho a una bonificación especial por trabajo agrario (BETA) de 30% de la remuneración mínima diaria, que se paga junto con la gratificación y la compensación por tiempo de servicios (CTS). Así, el ingreso mensual de un trabajador agrícola sería de 1,108.70 soles, considerando 26 días laborados al mes .
Sin embargo, los trabajadores agrícolas denuncian que este régimen no respeta sus derechos laborales, pues les impone jornadas extenuantes de hasta 12 horas diarias, sin pago de horas extras ni descanso semanal, y les permite ser contratados de manera temporal, sin estabilidad ni beneficios sociales. Además, afirman que muchas empresas no cumplen con pagarles la remuneración mínima ni la BETA, y que no les brindan condiciones adecuadas de seguridad, salud, alimentación y transporte .
Por otro lado, la Ley N° 31110 otorga una serie de incentivos tributarios y sociales a las empresas agroexportadoras, como la exoneración del impuesto a la renta hasta el 31 de diciembre de 2031, la reducción del aporte a EsSalud del 9% al 4%, la devolución del impuesto general a las ventas (IGV) y del impuesto selectivo al consumo (ISC) por la adquisición de bienes y servicios, y la depreciación acelerada de los activos fijos .
Estos incentivos han sido cuestionados por diversos especialistas, que consideran que no se justifican en un contexto de crisis económica y social, y que no han contribuido a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores agrícolas ni de las poblaciones rurales. Según el economista Pedro Francke, la agroexportación recibe un subsidio de 1,500 millones de soles al año por parte del Estado, lo que representa el 15% de sus ventas totales .
La empresa Agrícola Cerro Prieto S.A., que protagonizó el caso de intoxicación de sus trabajadores, es una de las mayores agroexportadoras del país, con ventas por más de 500 millones de soles en 2019. Su presidente y director es Alfonso Bustamante Canny, quien también es el presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), el gremio empresarial más importante del país.
Bustamante Canny ha sido un férreo defensor de la Ley de Promoción Agraria, y ha rechazado las protestas y demandas de los trabajadores agrícolas, a quienes ha calificado de “población rural azuzada por unos pocos agitadores” . Asimismo, ha criticado al ministro de Economía, Alex Contreras, quien dijo que la derogación de la Ley N° 27360 fue “nefasta para la agroexportación”, y lo acusó de causar “la ira de la izquierda mal llamada progresista”.
La situación de los trabajadores agrícolas y las empresas agroexportadoras ha generado un debate nacional sobre la necesidad de reformar el régimen laboral y tributario del sector, y de garantizar el respeto a los derechos humanos y laborales de los que producen los alimentos que consumimos y exportamos. El Estado tiene la responsabilidad de fiscalizar y sancionar a las empresas que incumplan la ley, y de promover el diálogo y la concertación entre los actores involucrados, para lograr un desarrollo agrario justo y sostenible.
