La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, presidido por César San Martín, confirmó la prisión preventiva de 36 meses contra el expresidente Pedro Castillo Terrones, acusado de liderar una presunta organización criminal, por lo que permanecerá en el penal de Barbadillo hasta el 2026.
La defensa de Castillo presentó videos e instrumentos musicales como pruebas de su inocencia, pero la sala presidida por el juez César San Martín los rechazó por ser impertinentes y no originales. Además, el expresidente no cumplió con los requisitos para solicitar la revisión de oficio de la medida cautelar.
Castillo también pidió la tutela de derechos para anular la investigación fiscal por los delitos de rebelión y conspiración, relacionados con su fallido golpe de Estado. Sin embargo, el juez Juan Carlos Checkley declaró improcedente su pedido y afirmó que Castillo vulneró el orden constitucional.
Según la Fiscalía, Castillo encabezaría una red de corrupción que operaba en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de Vivienda, Provías Descentralizado y PetroPerú. Se le imputan los delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias, en forma gaseosa y sin los necesarios elementos de convicción graves, tal como lo han denunciado los abogados de la defensa técnica de Castillo Terrones.
Ahora bien, la medida cautelar personal con privación de la libertad, es una medida de última ratio, cuando no existan otras medidas cautelares igualmente efectivas. Para conceder la medida de prisión preventiva tiene que existir graves elementos de convicción que vinculen indubitablemente al acusado con los delitos que se le imputa, porque se trata de la libertad de una persona, derecho fundamental inviolable en el derecho nacional y en derecho internacional comparado.
En el caso de Pedro Castillo, los abogados de su defensa técnica, ya han repetido hasta la saciedad que. en la carpeta fiscal, ni en el requerimiento de prisión preventiva, no existen esos elementos de convicción graves. Sólo existen las versiones proporcionadas por delincuentes que se han acogido a la confesión sincera y colaboración eficaz, pero no existen otros elementos periféricos que respalden esas declaraciones de delincuentes investigados. Tampoco de los testigos protegidos.
Es práctica judicial, porque así lo exigen la teoría del delito, la imputación necesaria, y la dogmática criminológica, que no se da validez alguna a las declaraciones de testigos protegidos, ni de colaboradores eficaces, si no existen otros indicios que acrediten la veracidad de las declaraciones.
Los abogados de la defensa de Castillo, ha señalado a la prensa y ante el Juez de Investigación Preparatoria, esa grave deficiencia, que invalida la detención provisional y lo convierte en una medida absolutamente arbitraria, con grave vulneración de los derechos humanos. Por ello es que, la defensa técnica de Pedro Castillo haya solicitado la tutela de derechos, porque el fiscal no está cumpliendo a cabalidad su rol de titular de la acción penal y de defensor de la legalidad.
El Juez Juan Carlos Checkley le ha denegado a Pedro Castillo el pedido de tutela de derechos, previsto por el Código Procesal Penal y por los tratados supranacionales de defensa de los derechos humanos. La denegatoria de Checkley ahora ha sido confirmado por la Sala Suprema que preside César San Martín.
No podemos ni debemos olvidar que todo este tinglado de acusaciones e investigaciones se iniciaron cuando la ex fiscal de la nación Patricia Benavides presentó una denuncia constitucional contra Pedro Castillo cuando estaba en el desempeño de su cargo de Presidente Constitucional de la República. La denuncia fue presentada por a sabiendas que no se puede investigar a un mandatario durante el ejercicio de su mandato. Entonces, es claro que todo obedecía a un plan debidamente organizado e hilvanado por la fiscalía de la nación y por el Congreso de la República, para vacar y luego encarcelar a Castillo Terrones. El resto de la historia ya casi todos los peruanos lo sabemos.
A la luz de los hechos que forman parte de la historia política y judicial diaria en nuestro país, tenemos que colegir con los abogados de Pedro Castillo, que el Ministerio Público y el Poder Judicial están politizados hasta las médulas. Las denuncias de los abogados de Castillo Terrones se hacen a diario a medios de la prensa nacional e internacional y ante las organizaciones supranacionales de defensa de los derechos humanos.
Nosotros creemos en la veracidad de lo que manifiestan los abogados. Usted saque sus propias conclusiones; opine, escríbanos y publicaremos sus opiniones aunque sean divergentes con la nuestra, porque su opinión es importante para nosotros.
