El excomandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Jorge Angulo, presentó una acción de amparo ante el Poder Judicial para cuestionar su pase al retiro, ordenado por el Gobierno de Dina Boluarte, luego de que fuera atacada por dos mujeres en Ayacucho. Angulo acusa al Ministerio del Interior (MININTER) a cargo de Víctor Torres y al despacho presidencial de Dina Boluarte, de vulnerar sus derechos y de actuar con arbitrariedad.
Angulo, quien fue relevado del cargo el 24 de enero de 2024, sostiene que su remoción fue “abrupta, ilegal e irregular” y que respondió a intereses políticos del ministro del Interior, Víctor Torres, quien habría buscado su salida desde que asumió el sector. Según el exjefe policial, Torres tiene una “agenda oculta” que está en investigación y que pronto se conocerá.
El excomandante también reveló que la Fiscalía lo ha citado para declarar sobre presuntas injerencias en los procesos de ascensos de la PNP, lo que considera una represalia por no alinearse con el Gobierno.
“Este tema de la Fiscalía es una investigación que ellos han abierto de oficio. Significa que hay la presunción de un hecho delictivo. Quieren la declaración de un alto mando y buscarán pruebas como chats, documentos, audios, fotos, etc. Es evidente la diferencia política que han querido hacer y que yo no, definitivamente”, dijo Angulo a un medio de prensa escrita nacional.
La acción de amparo de Angulo se suma a la de otros 18 generales de la PNP que también fueron pasados al retiro por el gobierno de Boluarte, en medio de una crisis de seguridad ciudadana que afecta al país. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 25,3% de la población fue víctima de algún delito entre enero y junio de 2023, siendo el robo de celular, cartera y dinero los más frecuentes.
Ante esta situación, la congresista Maricruz Zeta ha criticado la indiferencia del MININTER, que no dispone de presupuesto necesario para implementar más logística y reforzar las labores de seguridad. Zeta, quien representa a la región Piura, una de las más golpeadas por la delincuencia, ha señalado que los asesinatos, extorsiones y otros delitos se han incrementado en todo el país, incluyendo a Lima.
