La congresista María Agüero, de la bancada Perú Libre que encabeza Vladimiro Cerrón, presentó un proyecto de ley que busca facilitar la declaración de los imputados que se encuentran lejos del lugar donde se realiza la investigación fiscal. Según la propuesta, los procesados podrían declarar a través de medios tecnológicos, como videoconferencias o llamadas, con la asistencia de su abogado defensor.
El proyecto de ley plantea modificar los artículos 86°, 88° y 337° del Decreto Legislativo N° 957 – Nuevo Código Procesal Penal, para “garantizar el derecho de defensa del procesado” y evitar que se vulneren sus derechos fundamentales. Asimismo, establece que la declaración virtual se almacene en soporte magnético y se adjunte al acta fiscal de la diligencia.
La iniciativa se basa en la experiencia de la pandemia del COVID-19, que obligó a las autoridades judiciales a utilizar medios virtuales para realizar las audiencias y diligencias. La congresista Agüero señaló que esta medida permitiría ahorrar costos de traslado y hospedaje de los imputados y sus abogados, así como evitar que interrumpan su jornada laboral o familiar. Claro hay que dorar la píldora.
Cuál será la profesión de la congresista María Aguero, no interesa, pero lo cierto es que la doña y sus asesores, desconocen o pretenden desconocer la teoría de la criminología y olvidan que la investigación criminal o teoría del delito y criminalística, incorporan la necesidad del principio de inmediación, para que el fiscal, el juez especialmente, puedan ver al investigado, determinar por sus actitudes si está mintiendo o no y ayudarse de sus rasgos físicos dentro del proceso de investigación de la personalidad del presunto delincuente.
Obviamente, una declaración virtual no puede cumplir ese principio y se facilitaría que el agente investigado induzca a error a fiscales y jueces, declarando detrás de cámaras. De tal manera, podemos decir que el proyecto de ley “Aguero”, tiene fines preestablecidos para facilitar la defensa de los delincuentes y su impunidad.
El proyecto de ley fue presentado el pasado 27 de enero y se encuentra en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso para su debate y dictamen. De ser aprobado el proyecto, se habrá dado marcha atrás a una investigación científica, ayudando a que el delincuente pueda distorsionar la verdad. El Código Procesal Penal perderá eficacia en cuanto a la moderna investigación, dentro del método acusatorio adversarial.