Un enfrentamiento entre la Policía y los manifestantes que se oponen al nuevo sistema de venta de entradas a Machu Picchu por la plataforma Joinnus se registró la noche del jueves 25 de enero en el sector de Parahuachayoc, cerca de la vía férrea que conecta Cusco con la ciudadela inca. Los agentes lanzaron bombas lacrimógenas para dispersar a los huelguistas, que bloqueaban el paso de los trenes. Al menos una persona resultó herida en la cabeza por el impacto de un proyectil.
Los manifestantes, que acatan un paro indefinido desde el jueves, exigen que se anule el contrato con Joinnus, empresa a la que el Ministerio de Cultura le otorgó la concesión para la venta online de boletos de ingreso a Machu Picchu. Según los protestantes, esta medida afecta a los operadores turísticos locales y a los pobladores de la zona, que se ven perjudicados por el incremento de los precios y la falta de transparencia en el proceso.
Desde tempranas horas del jueves, decenas de personas marcharon por las principales calles de Machu Picchu Pueblo y accedieron a las vías del tren en los sectores de Helipuerto y Qorihuayrachina, impidiendo el tránsito de los convoyes de las empresas PeruRail e Inca Rail. Se reportó que dos trenes quedaron varados hasta altas horas de la noche, afectando a cientos de turistas que buscaban llegar o salir de la maravilla mundial.
El Ministerio de Cultura, por su parte, defendió la implementación del nuevo sistema de venta de entradas por Joinnus, argumentando que busca mejorar la experiencia de los visitantes y evitar la reventa y el fraude. La titular de la cartera, Leslie Urteaga, afirmó que se han detectado irregularidades en la gestión anterior, que habrían ocasionado una pérdida de más de ocho millones de soles por concepto de entradas.
La Defensoría del Pueblo se pronunció sobre el conflicto y pidió al Ministerio de Cultura que dialogue con los manifestantes y atienda sus demandas. Asimismo, exhortó a los protestantes a respetar el derecho al libre tránsito y a evitar actos de violencia que pongan en riesgo la integridad de las personas y el patrimonio cultural.
