El Poder Judicial ha reprogramado la audiencia de tutela de derechos presentada por el vacado presidente Pedro Castillo, de manera inconstitucional, quien viene siendo investigado por el delito de organización criminal sobre la base de falsos cargos, afirman sus abogados, para cuyo efecto la suspendida fiscal de la nación Patricia Benavides, utilizó las declaraciones de testigos protegidos y delincuentes investigados, sin la corroboración con otros elementos de convicción periféricos. La audiencia se llevará a cabo el miércoles 31 de enero a las 10:00 a.m.
El juez encargado de revisar la solicitud relacionada con la corrección de documentos y la falta de cooperación de la Fiscalía para proporcionar copias en formato PDF, de la carpeta fiscal es Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. La negativa a proporcionar copia de los documentos que contiene la carpeta fiscal, es un acto arbitrario que atenta contra el derecho a la defensa. Un simple ladronzuelo o arranchador de celulares, tiene derecho a que su defensa técnica recabe toda la información correspondiente de la carpeta fiscal, para poder prepara una adecuada defensa del caso. Cuanto más cuando se está procesando a un presidente de la república, de manera irregular.
Por otro lado, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ha rechazado los recursos de apelación presentados por Castillo Terrones, en relación a los delitos de rebelión y organización criminal. Estos recursos buscaban la revisión del plazo de su prisión preventiva y la excepción de improcedencia de acción por el delito de rebelión. Bueno, esta decisión del Poder Judicial, que está dentro de su función jurisdiccional con autonomía y discrecionalidad, es considerado como el resultado de la politización de este Poder del Estado, que no estaría brindando verdadera tutela jurisdiccional al procesado Pedro Castillo.
Además, se ha rechazado la tutela de derechos solicitada por la defensa del exmandatario, argumentando ambigüedad e imprecisiones en la acusación fiscal, respecto a su responsabilidad en el delito de rebelión. Un eslabón más a esta larga cadena de hechos sospechosos que se producen al interior del Poder Judicial.
Actualmente, Pedro Castillo Terrones se encuentra bajo dos órdenes de prisión preventiva en el penal Barbadillo, una de 18 meses por el supuesto golpe de Estado de diciembre de 2022 y otra de 36 meses en el contexto de la investigación por el presunto delito de organización criminal. La historia todavía tiene muchas páginas por escribirse, hasta esta llegar a su final.
