Colapsa depósito de relaves de minera Kadosh en San Rafael y contamina aguas del Río Huallaga
La madrugada del 25 de diciembre, una represa de relaves mineros se desbordó en el caserío 1 de mayo, perteneciente al distrito de San Rafael, provincia de Ambo, en Huánuco. El derrame de los desechos tóxicos y radioactivos, que contienen mercurio, plomo, arsénico, cianuro y aluminio, afectó a varias hectáreas de cultivos y pastos, y contaminó el río Huallaga, poniendo en riesgo la salud de la población y la biodiversidad de la zona.
Los pobladores del lugar responsabilizaron a la empresa minera Kadosh, que se dedica a la extracción de oro y plata, de haber construido una represa deficiente y sin mantenimiento, que no pudo soportar la presión de los relaves que se acumularon durante el año.
Los daños que perjudican la ecología y el medio ambiente no es la primera vez que ocasiona la compañía minera Kadosh, pues, desde su entrada en funcionamiento en el año 2019, la población de Ambo y San Rafael, han venido denunciando constantemente la contaminación de tierras y de aguas del río Huallaga, sin embargo el GOREHCO y el Ministerio de Energía y Minas hacen oídos sordos y ponen en riesgo la vida de la población, inclusive de Huánuco.
Según la teniente gobernadora del caserío, Paola Orna Pascual, la empresa no cuenta con los permisos ni las medidas de seguridad necesarias para operar en la zona, a despecho de las funciones que deben cumplir el Ministerio de Energía y Minas en la ciudad de Huánuco.
La Defensoría del Pueblo, a través de su oficina en Huánuco, tomó conocimiento del hecho y solicitó la intervención de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, así como de las autoridades competentes, para investigar las causas y responsabilidades del colapso de la represa, así como para evaluar el impacto ambiental y social del derrame de relaves.
Asimismo, recomendó a la población evitar el consumo de agua y alimentos provenientes del río Huallaga, hasta que se realicen los análisis correspondientes.
La empresa minera Kadosh, pertenece a la Compañía Minera y Constructora MGC E.I.R.L., que se encuentra en proceso de legalización, y cuyo representante legal es Miguel Ángel Gurmendi Cochache. Hay que preguntarse ¿Porqué el Estado Peruano y el Ministerio de Energía y Minas, permiten el funcionamiento de una minera en proceso de formalización, tanto más cuando como denuncia la Gobernadora, esta empresa no cuenta con los medios de seguridad necesarios para operar en la zona?