El Diario Hoy Regional, sigue en la palestra, llegando a nuestros seguidores de Perú y el mundo, preocupados como siempre, en cumplir nuestra importante y delicada misión de informar con veracidad absoluta.
Este año 2024, en momentos que nuestra patria sigue afrontando su peor historia política, con un gobierno impuesto mediante un golpe congresal, registrando la presidenta ilegítima Dina Ercilia Boluarte Zegarra, solamente el 8% de aprobación de la población peruana, mientras que el Congreso de la República, apenas alcanza el 2% de aprobación a su gestión; el compromiso y responsabilidad que aprendimos en los claustros universitarios, nos empuja a continuar al lado de los más débiles, denunciando, investigando, opinando, generando opinión y dando participación a todos nuestros lectores seguidores.
Es penoso tener que reconocer, que un gran número de colegas periodistas y comunicadores sociales, se han apartado de esta misión informativa, vendiendo su pluma y opinión al mejor postor. Se practica hoy, con mucha facilidad, el sicariato informativo, el insulto, la infamia, la mentira y la vendetta. Atrás dejaron la mística por la verdad; la preocupación por el bienestar colectivo y el desarrollo del país.
A todo ello, se suman las pretendidas leyes antidemocráticas y contrarias a la libertad de expresión, criminalizando la labor periodística, como si no existieran los Colegios Profesionales de Periodistas y las organizaciones gremiales de los periodistas, como la Asociación Nacional de Periodistas del Perú y la Federación de Periodistas del Perú, entidades cuya función principal es el auto control y sanción a sus integrantes, que incurran en incumplimiento del Código de Ética Profesional del Periodista.
Los Consejos Directivos de estas organizaciones representativas del periodismo, que hacen oídos sordos y la vista gorda, ante tanta bajeza e irrespeto de la prensa lumpen y concentrada, se convierten en cómplices de la desgracia informativa, que daña a la democracia y desinforma a la población, con alevosía y premeditación.
Sin embargo, si un funcionario público, el primer mandatario de la nación o una entidad mancillada en su derecho al honor y la buena reputación, anuncia la interposición de una acción judicial contra el comunicador y el medio de comunicación, que incurrieron en el delito de difamación agravada; entonces, todas las organizaciones representativas del periodismo, pegan el grito al cielo, exclamando con voz de Perogrullo: ¡Atentado contra la libertad de expresión!
Y se distorsiona la verdad, se desconoce que la Constitución Política del Estado y el Código Penal, establecen las sanciones correspondientes a los que cometen delitos por medio de la prensa. Es verdad que hay que cuidar la libertad de expresión, como un elemento sustancial de la democracia; pero, también lo es que, la mejor forma de cuidar esa libertad de expresión, es sancionar la mentira, el insulto, la venta de la pluma para ocultar una verdad o para mentir descaradamente, con el delictuoso ánimo de destruir a una institución, a una autoridad o a una persona, situaciones en las que los benditos gremios, callan en todos los idiomas, y, con su silencio, protegen a los periodistas mentirosos y difamadores.