A pesar del estado de excepción decretado por el presidente Guillermo Lasso el pasado 8 de enero, el Gobierno no ha podido resolver la situación de 178 personas que hasta hoy jueves, se encuentran retenidas por reos en siete cárceles del país. Se trata de 158 guías penitenciarios y 20 trabajadores administrativos que permanecen como rehenes desde el sábado, cuando se desataron violentos disturbios en los centros de rehabilitación social.
Así lo confirmó el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) este jueves 11 de enero, pasadas las 11:30. El SNAI también informó que se han registrado incidentes en la cárcel de El Oro, donde se busca restablecer el orden con la intervención de la Policía y las Fuerzas Armadas.
Además, el SNAI reportó que tres reos se fugaron el miércoles 10 de enero de la cárcel de Santo Domingo, en la provincia de Tsáchilas. La fuga se detectó durante el conteo de los internos y se activaron los protocolos de búsqueda y captura de los evadidos.
Durante la madrugada de este jueves, también se registraron enfrentamientos en la cárcel de Esmeraldas, donde los reos dispararon contra los militares que custodiaban el perímetro del centro. El comandante Bimes 12, Ómar Vásquez, indicó que en esa cárcel hay diez guías y tres administrativos retenidos, y que se mantiene una línea de comunicación con el SNAI y la Policía para lograr su liberación.
Vásquez aseguró que no se han reportado fallecidos ni heridos en ese centro carcelario, y que los militares han realizado disparos disuasivos para evitar que los reclusos escalen los techos y causen más desmanes.
Las cárceles donde se mantiene la crisis son: El Oro, Cotopaxi, Loja, Azuay, Tungurahua, Cañar y Esmeraldas. Según el SNAI, los reos exigen mejoras en la alimentación, la salud, el trabajo y la educación, así como el cese de los traslados y las requisas.
La situación carcelaria en Ecuador se ha agravado desde el año pasado, cuando se produjeron varias masacres y motines que dejaron más de 200 muertos. El Gobierno ha atribuido la violencia a las disputas entre bandas delictivas que operan desde las cárceles y ha anunciado medidas para fortalecer la seguridad y la rehabilitación de los internos.
