La inseguridad ciudadana en la región Ucayali ha llegado a un punto crítico, que ha desencadenado una violenta protesta de los ciudadanos de Raymondi, distrito de la provincia de Atalaya. La marcha que se inició de forma pacífica en la Plaza de Armas, terminó con la quema y el saqueo de las oficinas de la fiscalía y la comisaría sectorial de Atalaya.
Los manifestantes exigían a las autoridades y a la policía, que brinden mayor protección y seguridad a la población, que se siente amenazada por el incremento de robos y asesinatos en la zona. Los pobladores denunciaron que los delincuentes actúan con total impunidad y que no hay una respuesta efectiva de las fuerzas del orden.
El detonante de la protesta fue el asalto a una tienda de un conocido centro comercial, que dejó como saldo dos personas muertas. Los testigos indicaron que los asaltantes eran cinco sujetos armados, que escaparon en una camioneta negra con lunas polarizadas. Los ciudadanos llamaron a la policía, pero esta llegó tarde y no realizó una investigación exhaustiva.
Ante esta situación, los residentes de la provincia de Atalaya hicieron un llamado público al Gobierno Regional de Ucayali, que preside Francisco Pezo Torres, para que tome medidas urgentes y declare el estado de emergencia en la región, a fin de combatir la inseguridad ciudadana.
Según el último informe del INEI, Ucayali es una de las regiones con mayor percepción de inseguridad en el país, con el 93,1% de la población que se siente insegura. Asimismo, los ciudadanos solicitaron que se incremente el número de miembros del serenazgo en la región, que actualmente cuenta con solo 120 efectivos, para una población de más de 500 mil habitantes. También pidieron que se fortalezca el Consejo Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC), que es el órgano encargado de coordinar y ejecutar las políticas de seguridad en la región.
La protesta de los ciudadanos de Raymondi refleja el clamor de toda la población de Ucayali, que vive con temor y angustia, ante la ola de violencia que azota a la región. Se espera que las autoridades atiendan sus demandas y que se restablezca el orden y la paz social en el territorio.