El fiscal Andy Junior Rodríguez Domínguez, ordenó en abril de 2023 una investigación secreta contra los periodistas Juan Carlos Tafur, integrante de la página web “Sudaca”, y contra César Romero Calle, periodista del diario La República de Juan quienes efectuaron una publicación sobre el tema de que los fiscales Andy Rodríguez y Max Castro y Andy Rodríguez, habría estado presionando a un fiscal de Ventanilla, para que archive una investigación que se efectuaba contra Walter Ríos, expresidente de la Corte Superior del Callao.
Los periodistas víctimas del seguimiento, estuvieron sometidos a videovigilancia, y tomas fotográficas con drones, cuando se dirigían a su domicilio o centro de trabajo, controlando a don iban y con quienes se reunían, por parte de la policía especialmente asignada a esta ilegal labor.
La investigación se mantuvo activa hasta noviembre de 2023, hasta que otro fiscal, dispuso el archivamiento del caso, al no encontrar la comisión de actos ilícitos. Sin embargo, el 5 de diciembre de 2023, Javier Pacheco, Procurador interino del Estado, solicitó el elevamiento del caso (recurso de queja) ante una fiscalía superior, requiriendo que se reactive el seguimiento y reglaje, sin demostrar la existencia de graves indicios de que demostraran que los periodistas estuvieran cometiendo actos ilícitos-.
Al haberse hecho público este espionaje, los fiscales supra provinciales César Silva Zárate, Erasmo Benavides Corbetta, Cristhian Alfaro Cáceres y Angie Távara Roque, que integran el equipo especial del caso Cuellos Blancos del Puerto, solicitaron a la fiscal superior coordinadora Magaly Quiroz Caballero, que se investigue y aclare esta situación que vulnera el derecho a la información y afecta la imagen del Ministerio Público.
En medios jurídicos también se reclama un pronunciamiento del fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena y del jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, Juan Antonio Fernández Jerí, ante este nefasto precedente, en una institución que tiene como función defender la legalidad, los derechos ciudadanos y velar por la recta administración de justicia.