El 7 de diciembre, es considerado como la fecha del desenlace de las conspiraciones de los grupos de extrema derecha, del entreguismo conspirativo del Congreso de la República a los poderes fácticos, que trabajaron en pared (hoy lo siguen haciendo) con la complicidad de la suspendida fiscal de la Nación Patricia Benavides (a) “Van” y conocidos jueces del Poder Judicial, quienes evidentemente incurrieron en el delito de prevaricato. La cadena de legicidios se siguen sumando hasta este mismo momento.
En ese fatídico día, se esfumó la endeble democracia peruana, pues, además de vacarse de manera irregular y arbitraria al presidente, consumándose un golpe de estado congresal, se detuvo a un presidente en pleno ejercicio de su cargo, a las 13:25 horas aproximadamente, con la participación de miembros policiales, que armados con ametralladoras encañonaron al vehículo oficial del presidente, por órdenes “superiores”, que ahora podemos presumir, fue de la suspendida fiscal de nación Patricia Benavides; y, juramentaron como nueva presidenta a Dina Boluarte, con un supuesto derecho de sucesión presidencial.
Fue conducido junto con su esposa, hijos y Aníbal Torres, a la Prefectura de Lima, donde se hizo presente la ex fiscal de la nación Patricia Benavides a formular cargos. Aníbal Torres, abogado civilista, efectuó una pésima defensa de Pedro Castillo, pues permitió que firmara documentos de su detención y “buen trato”, cuando en realidad fue encañonado con armas de fuego de largo alcance Pedro Castillo, su esposa e hijos.
Aníbal Torres al ejercitar la defensa técnica del presidente, no hizo respetar lo establecido en el Art. 110° de la Constitución Política del Estado, que le otorga la condición de Jefe de Estado que personifica a la Nación, dentro del marco de la inmunidad presidencial, por lo que no podía ser detenido bajo ningún pretexto. Tampoco hizo respetar lo previsto por el Art. 117° de la Carta Fundamental, esto es que:
El presidente estando en el ejercicio de sus funciones, sólo puede ser acusado por traición a la Patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales o por disolver el Congreso, salvo lo previsto por el Art. 134° de la Constitución.
Ninguno de estos supuestos, se habían producido. Pedro Castillo, no disolvió el Congreso, prueba de ello es que sus integrantes se reunieron y acordaron la vacancia presidencial expres, sin la cantidad de votos necesarios (114), sin ningún debate parlamentario y sin derecho a la defensa. Más aún, el presidente Pedro Castillo estaba en pleno ejercicio de sus funciones, pues la vacancia aún no se daba, por lo tanto, no se le había notificado al presidente con la resolución de vacancia, ni se había publicado dicha resolución; peor aún, la vacancia producida momentos después, fue ilegal y arbitraria.
En realidad, lo que hizo Pedro Castillo, fue una tentativa de disolución inidónea o tentativa impune, que prevé el Art. 17° del Código Penal y que textualmente establece:
No es punible la tentativa cuando es imposible la consumación del delito, por la ineficacia absoluta del medio empleado o absoluta impropiedad del objeto.
Dentro de este marco legal, tampoco se puede atribuirle los delitos de rebelión ni sedición, porque no se levantó en armas. La lectura del mensaje a la Nación fue absolutamente inocua, porque no lo respaldó el ejército ni la policía; no se produjo consecuentemente ninguna de las medidas anunciadas en el mensaje, por ser imposible su ejecución en esas condiciones. El Congreso compuesto por tránsfugas e investigados por el Poder Judicial, siguió y sigue funcionando, a despecho de la población que le da el 5% de aprobación.
Debemos recordar, además, como nunca antes se había producido en la historia política del Perú, ni se repite cuan la actual presidenta Dina Boluarte, considerada por la población y analistas políticos, como una usurpadora. Si pues, durante el poco tiempo que ejerció su mandato Pedro Castillo, se obstaculizó en todo sentido el cumplimiento de sus atribuciones como primer mandatario de la Nación; se le sometió a un acoso político permanente por el Congreso, que se dedicó a interpelar y censurar ministros, boicoteó el trabajo del ejecutivo, encarpetando o archivando proyectos de leyes a favor del pueblo; a ellos se sumaron la extrema derecha, los partidos de la criminalidad organizada, como Fuerza Popular y el Partido Aprista Peruano, con la complicidad de la prensa concentrada, lumpenezca, vendida, mentirosa y agresiva.
Se le controlaba si su esposa y familiares ingresaban al palacio de gobierno, cuanto tiempo permanecías dentro, cuando ello es absolutamente normal, pues la sede del gobierno central, es su domicilio familiar. Igualmente, la prensa vendida, no descansó las 24 horas del día y los 365 días del año, de hacer una persecución al estilo de una casa de brujas, sobre quienes ingresaban al recinto del gobierno nacional. Resulta curioso y repugnante a la vez, que los falsos titulares de la prensa vendida, dieran origen a que la suspendida fiscal de la nación, al día siguiente, anunciara que se le abrió una carpeta fiscal por “crimen organizado”, sin pies ni cabeza, sin que se cumplieran los elementos constitutivos del tipo penal. El corolario de todo este andamiaje bien montado, trabajando en pared el Congreso denigrante, la extrema derecha, las organizaciones criminales con facha de partidos políticos y la prensa concentrada, fue la ilegal vacancia presidencial y el encarcelamiento por razones de carácter político, del presidente constitucional Pedro Castillo Terrones, situación en la que es mantenida hasta la actualidad, mientras el Poder Judicial declara infundadas o improcedentes las demandas de Acción de Amparo, Hábeas Corpus, Revisión y cese de la prisión preventiva, presentadas por los abogados de Pedro Castillo, en busca de su libertad. No les importa a los jueces implicados, que pudieran estar incurriendo en el delito de prevaricato, tal como lo ha señalado el Dr. Guillermo Olivera, defensa técnica de Pedro Castillo, en diversas entrevistas a la prensa alternativa.
