Operación Valkiria V, se denominó el operativo que llevó acabo el Equipo Especial Contra la Corrupción del Poder, compuesto por Fiscales y la DIVIAC de la Policía Nacional del Perú, el 27 de noviembre del 2023, cuyo principal objetivo era detener a Jaime Villanueva, asesor principal de la entonces Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien se internó en una Clínica por recomendación de Patricia Benavides, para evitar su captura. Sin embargo, la clínica no habría aceptado su internamiento y el Equipo Especial lo detuvo.
Al día siguiente, saldría a la luz, una serie de conversaciones mediante mensajes de chats, en las que figuraban las conversaciones que sostenía el asesor Jaime Villanueva con un congresista, coordinando las acciones que deberían realizarse en el congreso para sacar a la Junta Nacional de Justicia, inhabilitar a la Fiscal Supremo Zoraida Avalos y la designación del Defensor del Pueblo.
Posteriormente, Jaime Villanueva se acogió a la colaboración eficaz para obtener el cambio de la medida de restricción de prisión preventiva en su contra y reconoció ser autor de las conversaciones del chat con un congresista, quien sería un “agente secreto” en el Congreso de la República, encargado de llevar adelante todas las coordinaciones que efectuaba el asesor de Patricia Benavides, quien señaló, que las conversaciones las efectuó por órdenes de la suspendida Fiscal de la Nación.
Recordaremos que la Fiscal Supremo Zoraida Avalos fue inhabilitada por el Congreso de la República, con 71 votos a favor, otorgados de la siguiente manera: 17 de Fuerza Popular; 7 de Perú Libre, 8 de Acción Popular, 8 de Alianza para el Progreso; 6 del Bloque Magisterial; 6 de Renovación Popular; 6 de Avanza País; 3 de Podemos Perú; 1 de Perú Bicentenario; 4 de Somos Perú; y, 5 de los no agrupados.
El Equipo Especial que conduce la Fiscal Superior Marita Barreto, sostiene que este hecho delictivo de la organización criminal, tenía por objeto, archivar investigaciones contra congresistas, por favores políticos, especialmente, el defenestrar y remover a todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que la investiga por diferentes faltas graves, entre los que se encuentra, el haber aceptado ser condecorada por el alcalde de la municipalidad de Lima, Rafael López Aliaga, quien viene siendo investigado por el delito de Lavado de Activos.
Mediante Resolución aprobada por unanimidad, la Junta Nacional de Justicia, suspendió en sus funciones por seis meses, a la Fiscal de la Nación Liz Patricia Benavides Vargas, mientras se agota el procedimiento administrativo sancionador. Dado a la gravedad de las faltas en que incurrió, es posible que sea separada definitivamente del más alto cargo del Ministerio Público. La situación legal de la suspendida fiscal, se ha visto complicada con la sindicación de que estaría liderando una organización criminal en el interior de la Fiscalía de la Nación, conjuntamente con sus asesores legales.
Como recordaremos, Patricia Benavides utilizó todas las formas para impedir que la investigación en su contra siga adelante ante la JNJ, mediante medidas cautelares en proceso de amparo, tramitadas ante una Juez Civil con quien sostiene fuertes lazos de coordinación por favores serviles, al margen de la ley. Sin embargo, ambas medidas cautelares fueron posteriormente declaradas nulas por la instancia superior del Poder Judicial. En la actualidad, los congresistas comprometidos con organizaciones criminales con fachada de partidos políticos, vienen impulsando a toda máquina en el Congreso de la República, una moción para remover a todos los miembros de la JNJ, presentada por el congresista Jorge Montoya Manrique, de Renovación Popular, que busca el apoyo de Fuerza Popular, Acción Popular, Perú Libre y otras agrupaciones políticas. La ciudadanía peruana y la institucionalidad democrática, esperan que los congresistas no sigan agravando su situación jurídica y desaprueben el pedido absolutamente inviable.
