Dina Boluarte y Alberto Otárola, responsables del asesinato de aproximadamente 70 ciudadanos. ¡¿Se hará justicia?!

Luego del golpe de estado del 7 de diciembre del 2022, llevado adelante por un Congreso ilegítimo, que tenía en es entonces, una aceptación menor del 70% de peruanos (ahora tienen solo el 5% de aceptación) y que impusiera como presidenta ilegítima a Dina Boluarte, se declaró en insurgencia constitucional ante un gobierno usurpador, a quien no le debe obediencia, autoconvocándose y ejecutando movilizaciones multitudinarias en Lima y en diferentes ciudades del país, en demanda de la renuncia de Dina Boluarte, a la que consideran usurpadora de la presidencia de la República.

El pueblo ya se encontraba descontento con el Congreso de la República, por la constante hostilización y boicot al gobierno de Pedro Castillo, cuyos congresistas en vez de trabajar por el desarrollo del país y atender las necesidades más apremiantes de la población, se dedicaron a interpelar y censurar a los ministros de Estado, con uno u otro pretexto; encarpetaron o mandaron al archivo, proyectos de leyes que le había enviado el Ejecutivo para su aprobación, en favor del desarrollo nacional; se dedicaron ha efectuar una persecución y acoso, al mismo estilo de una casa de brujas, contra los familiares de Pedro Castillo y cuanta persona se vinculara con él, acusándolos de hechos falsos con la complicidad de la prensa concentrada, sicaria y mentirosa. En ese contexto, el pueblo peruano, de sur a norte y de este a oeste, exigían fervientemente, el cierre del Congreso boicoteador.

Este cuadro nos demuestra que los asesinatos en las movilizaciones del mes de diciembre 2022, no solamente se produjeron en ayacucho, sino también en apurímac, arequipa, la libertad, junín, así como en lima y ucayali, que no figuran en la relación.

Lista de 22 personas fallecidas en enfrentamientos:    1. BECKHAN ROMARIO QUISPE GARFIAS, 18, Andahuaylas (Apurímac) 2. D.A.Q., 15, Andahuaylas (Apurímac) 12/12/2022 3. R.P.M.L., 16, Chincheros (Apurímac) 4. JOHN ERIK ENCISO ARIAS, 18, Andahuaylas (Apurímac) 5. WILFREDO LIZARME BARBOSA, 18, Andahuaylas (Apurímac) 6. MIGUEL ARCANA, 23, Cerro Colorado (Arequipa) 14/12/2022 7. CRISTHIAN ALEX ROJAS VÁSQUEZ, 19, Andahuaylas (Apurímac) – Hospitalizado desde el 10/12/22 8. CARLOS HUAMÁN CABRERA, 26, Chao (Virú, La Libertad) 15/12/2022 9. JOSE SAÑUDO QUISPE, 31, Huamanga (Ayacucho) 10. CLEMER FABRICIO ROJAS GARCÍA, 22, Huamanga (Ayacucho) 11. JHON JENNRY MENDOZA HUARANCCA, 34, Huamanga (Ayacucho) 12. LUIS MIGUEL URBANO SACSARA, 22, Huamanga (Ayacucho) 13. JOSE LUIS AGUILAR YUCRA, 20, Huamanga (Ayacucho) 14. EDGAR WILFREDO PRADO ARANGO, 51, Huamanga (Ayacucho) 15. RAÚL GARCÍA GALLO, 35, Huamanga (Ayacucho) 16. C.M.R.A., 16, Huamanga (Ayacucho) 16/12/2022 17. J.T.C., 17, Pichanaqui (Junín) 18. DIEGO GALINDO VIZCARRA, 45, Pichanaqui (Junín) 19. ROLANDO FERNANDO BARRA LEYVA, 22, Pichanaqui (Junín) 17/12/2022 20. LEONARDO DAVID HANCCO CHAKA, 27, Huamanga (Ayacucho) 19/12/2022 21. XAVIER CANDAMO DASILVA, 30, Chala (Arequipa) 21/12/2022 22. JHONATHAN ALARCÓN GALINDO, 19, Huamanga (Ayacucho) – Hospitalizado desde el 15/12/22

En este contexto, el 15 de diciembre del 2022, la población de Huamanga, Ayacucho, se movilizó multitudinariamente y enrumbaron hacia el aeropuerto con la intención de tomarlo, circunstancias en que, miembros de la policía y del ejército, reprimieron brutalmente a los manifestantes con bombas lacrimógenas y disparos al cuerpo, con armas de fuego de largo alcance y uso militar. Allí se produjeron 10 muertes, dentro de ellos, de un menor de 15 años de edad, que no participaba en la movilización y que retornaba a su hogar luego de haber salido a efectuar compras; sin embargo, recibió un disparo con arma de guerra. En esta marcha de protesta, también perdió la vida un ciudadano, al que le dispararon a quemarropa, cuando auxiliaba a un herido.

Aún más, los asesinatos no solamente se produjeron en la masacre de Ayacucho del 15 de diciembre del 2022, sino que, las masacres se perpetraron también el 12/12/2022 en Andahuaylas, Apurímac, con el resultado de 6 muertos; en Cerro Colorado y Chala, Arequipa, con un muerto en cada lugar, entre los días 14 y 21/12/2022; en Pichanaqui, Junín, con 3 muertos el 17/12/2022; en Virú, La Libertad con un muerto el 15/12/2022; en Lima, Loreto y Ucayali, que no aparecen en el cuadro publicado por la Defensoría del Pueblo, todos con armas de fuego y balas de alto calibre; en algunos casos con balas dum dum, que son altamente letales, porque explotan dentro del cuerpo de la víctima; no se utilizaron balas de goma, lo que demuestra claramente la intención de asesinar a los que se atrevían a protestar contra la dictadura de Dina Boluarte y su Primer Ministro Alberto Otárola, llamado  “el carnicero”. Queda demostrado de esta manera, que la represión contra el pueblo, que ejercía su derecho a la movilización pacífica, fue brutal, asesina y genocida, en diferentes provincias del país y en la Capital de la República.

De otro lado, el 9 de enero del 2023, el pueblo puneño se autoconvocó y ejecutó una multitudinaria movilización en Ilave, Puno y marcharon hacia el aeropuerto con la finalidad de tomarlo, situación en la que fueron brutalmente reprimidos por miembros del ejército y de la policía nacional, con bombas lacrimógenas y disparos de balas de alto calibre, utilizando fusiles de guerra Galil automáticos, contra el cuerpo de los manifestantes y de personas que inclusive no participaban en la movilización. En esta fatídica acción represiva se produjeron más de 18 muertes y decenas de heridos. Posteriormente se constataría que los disparos se efectuaron a matar, porque los fallecidos presentaban heridas de bala en el tórax, espalda, abdomen y cabeza.

Existen videos y versiones de personas que presenciaron los hechos, que demuestran y afirman que, varios de los abatidos por las fuerzas represoras, se encontraban por desgracia, como transeúntes por el lugar; otras víctimas estaban lejos del aeropuerto o eran simples espectadores de lo que acontecía. Versiones proporcionadas por miembros de la policía, señalan que cuando fueron destacados al aeropuerto de Ilave, su comando les dijo que iban a enfrentarse a terroristas armados, desinformación que se habría extendido entre la policía y los miembros del ejército, ocasionado que obraran con violencia descontrolada, para controlar o dispersar una movilización.

Ya van transcurriendo un año desde las masacres y crímenes de lesa humanidad o genocidio; y, hasta el momento no se conoce el nombre de los responsables de los disparos, ni de los oficiales que les transmitieron la orden de Diona Boluarte y Alberto Otárola; no existe ni un solo detenido, las investigaciones fiscales se realizan a regañadientes y sin ningún resultado claro hasta el momento. Lo único que podemos decir, es que, curiosamente, luego que la suspendida fiscal de la nación, Patricia Benavides (a) “Vane”, anunciara que la investigación contra los presuntos responsables de las masacres se prolongaba por 8 meses, esto es, hasta el mes de abril del 2024, Patricia Benavides, anunció que había formulado denuncia constitucional contra Dina Boluarte, Alberto Otárola y otros, por ser presuntos responsables de las muertes de ciudadanos en las movilizaciones. Este anuncio lo hizo, justo cuando las investigaciones contra la corrupción del poder, denominada “Valkiria V”, la sindicaba como integrante de una organización criminal en el Ministerio Público, encabezada por la fiscal de la nación.

Los familiares de las aproximadamente 70 víctimas (no existe un informe oficial detallado de todas las víctimas), entre ellos la Asociación de Familiares de las Víctimas de Puno, presidido por Raúl Samillán, vienen exigiendo a la Fiscalía que investiga el caso, que informe sobre el avance de las investigaciones; que diga quienes son los autores materiales e intelectuales, que formule la acusación correspondiente contra los responsables y se haga justicia de una vez por todas.

Al paso que avanzan las investigaciones (un año aproximadamente), por la forma que esta se desarrolla y las presiones que estarían ejerciendo los poderes fácticos, para que no se establezca la verdad, ni se sancione a los autores intelectuales y materiales de los crímenes de lesa humanidad, nos genera el derecho a la duda. Por eso preguntamos ¿Se hará justicia?

No podemos perder de vista que, en la actualidad, el Congreso de la República, tiene la pírrica aprobación del 5% de la ciudadanía, mientras que la presidenta ilegítima Dina Boluarte, tiene una aprobación del 8% de la población. Es decir, el Perú está gobernado por quienes fueron legalmente elegidos, pero que ocupan el poder ilegítimamente, por la bajísima aprobación a su mandato, de parte del soberano pueblo.

Con un gobierno con tan elevada desaprobación, donde impera la inseguridad jurídica, la corrupción enquistada en los más altos poderes del Estado, con congresistas de organizaciones criminales con fachada de partidos políticos, expidiendo leyes entreguistas en beneficio de los grupos de poder y modificando la constitución, mediante leyes ordinarias y sin cumplir con la forma establecida constitucionalmente; donde la temeridad y la desobediencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya ha sido advertida por esta institución de justicia supranacional, al haber dado libertad al criminal Alberto Kenya Fujimori Fujimori, sentenciado por crímenes de lesa humanidad, lo que traería como sanción serían restricciones económicas y comerciales.

En estas condiciones ¿habrá inversionistas que quieran invertir en el Perú? ¡Por supuesto que no! De allí que nuestra patria se encuentra en una grave recesión económica, con una inflación monetaria a octubre del 2023 del 6.9%, según informes del Banco Central de Reserva del Perú; en estos momentos la inflación ya debe estar a punto de alcanzar los dos dígitos. Sin embargo, es evidente que no hay sinceridad en la información financiera, porque por ejemplo, en Ucayali y Loreto, la inflación se hace notar con mayor agudización, afectando directamente a la canasta básica familiar, es decir los alimentos y a los servicios esenciales como luz, agua, telefonía (cuyas tarifas suben mes a mes), así como a los pasajes tanto terrestre, acuático, como aéreo.

Raúl Samillán, Presidente de la Asociación de Familiares de las Víctimas, en entrevista que le efectuara Javier Torres, comunicador de TV “Al Filo” de “LaMula.pe”, fue enfático en señalar que, el pedido de perdón efectuado por Dina Boluarte al país, no tenía razón de ser, porque ellos fueron doblemente victimizados por la Policía Nacional, quienes cumpliendo órdenes de  Boluarte, ante la protesta que efectuaban con fotografías de las víctimas, fueron reprimidos con gas de pimiente: “Nos asfixiábamos y corrimos desesperados”, dijo Samillán.

No creo que exista motivo para que continúe la represión, el maltrato hacia los familiares que hemos venido hasta acá, que hemos hecho todo el esfuerzo estar acá en la capital, dejando hijos y tantas ocupaciones en nuestra querida Juliaca

Raúl Samillán a LaMula.pe

No puede existir olvido ni perdón por las numerosas víctimas del 9 de enero del 2023 en Ilave, Juliaca. Tiene razón cuando Raúl Samillán, en representación de la Asociación de Familiares de las Víctimas, cuando señala que, no tiene ningún sentido que Dina Boluarte pida perdón por la masacre que se perpetró bajo sus órdenes, cuando sigue reprimiendo al pueblo que tiene derecho a la legítima protesta pacífica. Que los familiares de los cruelmente asesinados por las fuerzas militares, se congregaran portando fotografías de las víctimas, no eran razón para ser reprimidas por la policía usando gases de pimienta. “A Dios rogando y con el mazo dando”, ni más ni menos.